Debate: el pacto de la Fiscalía con los ex ediles del Gil

Analista - martes 13 de may de 2008 Mostrar Opciones

IU

A petición del Grupo Municipal de IULV-CA en el Ayuntamiento de Marbella, el diputado nacional de la coalición, Gaspar Llamazares, pedirá ante el Congreso de los Diputados la "comparecencia urgente del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que dé explicaciones sobre los pactos alcanzados entre la Fiscalía y las defensas de los ex ediles gilistas".

Para el portavoz de IU, "el caso Marbella, por su calado y repercusiones, se ha elevado a cuestión de Estado" y recuerda que "fue el mismísimo Consejo de Ministros quien se reunió para acordar la disolución del Ayuntamiento, por lo que ahora el Estado de Derecho no puede dar un paso atrás y cerrar en falso esta trama de corrupción sin precedentes en la etapa democrática, es por ello que el Fiscal General debe entrar en escena y tomar las riendas".

Monterroso "lamenta" el pacto alcanzado "entre la corporación de la justicia y los imputados, para minimizar su estancia en la cárcel", y cree que, "es por asuntos como este por el que cada día la gente cree menos en la Justicia, pues el pacto solo beneficia a los ex concejales gilistas".

Al otro lado, para IU los perjudicados son "los ciudadanos, la democracia y la propia Justicia, que se ve gravemente cuestionada". Para Monterroso, "más que la Justicia, la que falla es la Administración de Justicia, que tiene sus responsables políticos en el gobierno del Estado y en el Consejo General del Poder Judicial".

Izquierda Unida lamenta que se haya llegado a un pacto entre la Fiscalía y las defensas de los acusados dejando al margen a la acusación popular, y asegura sentirse ofendida porque "estamos personados en muchas de las causas contra estos delincuentes, como el caso Banana Beach, Incopromar o Sermosa, y no vamos a renunciar a la acusación, agotaremos todas las vías para que el pacto quede sin efecto".

El portavoz de IU, se quiere "hacer eco del sentir de la ciudadanía, contrario a estos pactos y que reclama la aplicación de la justicia con toda su firmeza, pues estos personajes han infringido un grave daño al interés general de Marbella". Por ello, anuncia que "esta misma semana iniciará contactos con los distintos colectivos sociales del municipio para convocar a los ciudadanos a la calle a una protesta por este pacto que, de ejecutarse, pondría pronto en la calle a los delincuentes".

GMS

El Grupo Municipal Socialista ha mostrado su desacuerdo con los términos del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas de los ex ediles del GIL imputados por delitos urbanísticos y ha aclarado que este pacto no podrá aplicarse si el PSOE se opone.

La portavoz del GMS, Susana Radío, ha explicado que el GMS está personado como acusación en varias de las causas que forman parte del pacto "y el acuerdo no puede llevarse a efecto sin nuestra conformidad. Cualquier pacto entre acusación y defensa debe tener siempre en cuenta a todas las acusaciones, de manera que si continuamos con nuestra acusación, los juicios se celebrarán".

Las exigencias del GMS para alcanzar el pacto pasan por aumentar las penas de cárcel y por exigir las responsabilidades civiles. "Para los socialistas es esencial que sea completa e íntegramente reparado el daño causado a esta ciudad; es decir, que los responsables deben pagar, y deben pagar a Marbella", ha apuntado Radío. Para ello es preciso que la justicia investigue el patrimonio de los encausados hasta donde haga falta, para que en ningún caso se sustraiga a la acción de la justicia el pago del daño causado.

Por su parte, el abogado del GMS en estas denuncias, Oliver Roales, ha aclarado que "el hecho de que no nos satisfaga el acuerdo planteado por el Ministerio Fiscal no puede empañar esa labor y el reconocimiento a un trabajo bien hecho". Roales ha especificado que la petición del GMS para mantener este acuerdo pasa por pedir entre uno y dos años de prisión por cada causa, y no sólo uno como plantea Fiscalía, y exigir la responsabilidad civil, "para que no quede la más mínima sombra de duda sobre un posible cierre en falso de estos procedimientos.".

La portavoz del GMS ha recordado que fue el PSOE quien denunció éstos y otros delitos urbanísticos en una etapa en la que el clima político de Marbella era muy distinto, frente a otras fuerzas políticas que no interpusieron ni una sola denuncia. Por esa misma razón Radío considera que los que ahora piden responsabilidades políticas demuestran un profundo desconocimiento del funcionamiento del Estado de Derecho. "Primero hay que respetar el funcionamiento de la Administración de Justicia, que es independiente. Y segundo, el sistema legal nos permite, ya que estamos personados, velar por la aplicación estricta de nuestro ordenamiento, teniendo la opción de rechazar el acuerdo", ha concluido.

Fuente: La Voz de Marbella.

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