El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento
de Marbella Juan Antonio Roca negó hoy que fuese él quien tramitara
los expedientes urbanísticos y aseguró que el ex alcalde del
consistorio marbellí, el fallecido Jesús Gil, era quien decidía.
Juan Antonio Roca fue trasladado esta mañana desde la prisión de
Alhaurín de la Torre (Málaga) hasta los juzgados para declarar en
calidad de testigo en el juicio que se sigue contra Julián Muñoz y
otros siete ex ediles del Gil por delito urbanístico.
El ex asesor, encarcelado a raíz de la Operación Malaya, llegó a
las dependencias judiciales sobre las 9.00 horas pero hasta las
13.00 no fue conducido hasta el juez, Rafael Linares, magistrado del
Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga, encargado de dictar
sentencia.
Durante su declaración, que duró veinte minutos, fue custodiado
por dos policías nacionales que le retiraron las esposas mientras
comparecía ante el juez en la vista oral.
Roca afirmó que Jesús Gil dio orden para que las licencias
urbanísticas se concedieran con arreglo a la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana y que todos los concejales del GIL
conocían dicha instrucción.
Aclaró que él no era gerente de Planeamientos 2000, sino
apoderado y que dicha empresa era una sociedad municipal que se
encargaba de redactar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) y que participó en la gestión de convenios urbanísticos.
El ex asesor de Urbanismo explicó que en Planeamientos 2000, a
través de sus técnicos, se hacían propuestas que se estudiaban por
si podían incorporarse al nuevo PGOU, aunque se aprobaban en el
pleno municipal.
Roca agregó que Jesús Gil siempre fue la persona que llevó las
competencias de Urbanismo y que había "una conciencia general" de
que para saber si se concedían las licencias se tenía que utilizar
la revisión del Plan.
Además de Roca, esta mañana también ha declarado el abogado José
Luis Sierra, que ha asegurado que él nunca emitió informes para los
expedientes urbanísticos.
Sierra dijo que él sólo redactó un "informe genérico" en 1993 en
el que advertía de que no se podían conceder licencias según el
Tribunal Supremo, y que, por tanto, sólo se podían dar "licencias
provisionales", sujetas a demolición inmediata y sin derecho a
indemnización.
Mantuvo que no fue asesor jurídico del Ayuntamiento, sino abogado
de Gil, que nunca participó en reuniones urbanísticas y que alguien,
cuando empezaron las denuncias penales, adjuntó su informe genérico
a cada uno de los expedientes.
José Luis Sierra reiteró que él sólo fue abogado del ex alcalde,
que no emitía informes concretos sobre licencias de obra y destacó
que tuvo "bastante con mantener en libertad a Gil durante veinte
años".
El pasado lunes, Julián Muñoz aseguró durante su declaración que
las licencias urbanísticas "siempre venían avaladas por la Gerencia
de Urbanismo" y que el gerente era Juan Antonio Roca, extremo que
éste hoy ha negado.
Julián Muñoz se enfrenta a una petición fiscal de dos años de
cárcel y diez de inhabilitación y está acusado junto a otros siete
ex ediles del GIL de un delito contra la ordenación del territorio
al haber autorizado una licencia de obra en zona verde.
El resto de concejales que se sientan en el banquillo de los
acusados son Rafael González, María Luisa Alcalá, Mario Jiménez,
José Manuel Pomares, Manuel Calle Arcal y Juan Antonio Yagüe Reyes
(hermano de la alcaldesa detenida en la "operación Malaya").
El juicio continúa el próximo viernes con el informe acusatorio
del fiscal, Juan Carlos López Caballero, y el alegato final de los
abogados personados en el procedimiento.

O sea, que la culpa la tiene el muerto. Muy fuerte lo de toda esta gente.¡¡¡¡¡¡¡¡
Lo mismo que Carlitos Fernandez, que pide que se investige la Mocion de Censura.......Por favor, que le miren el culo (Con perdon) que lo que le pagaron lo tiene escondido en el mismisimo. Pido disculpas por adelantado, pero tanto cinismo me sobrepasa......