La Ley del Suelo, de 2007

onos - domingo 22 de junio de 2008 Mostrar Opciones

EP - Madrid - 20/06/2008

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha asegurado hoy que los Ayuntamientos que no están haciendo públicos los bienes de sus ediles con la excusa de que no han creado registros específicos para este fin, están "incumpliendo la ley". La Ley del Suelo, de 2007 obliga a los Ayuntamientos a hacer público los bienes que les comuniquen los representantes municipales.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Corredor ha recordado que los concejales y directivos municipales tienen la obligación de hacer declaración pública de todos sus bienes y patrimonio, así como de sus participaciones en las sociedades mercantiles. Esta información, ha indicado Corredor, tiene que someterse a los registros públicos. Debe poder consultarlo cualquiera en la página web o en los boletines oficiales, por ejemplo.

Preguntada expresamente por qué el ayuntamiento de Estepona (Málaga), donde han sido detenidos su alcalde y algunos de sus concejales por presunta corrupción urbanística, no disponía de un registro con la declaración de bienes de sus ediles, Corredor ha señalado que los ayuntamientos que no lo tengan están "incumpliendo" con la Ley del Suelo porque todos cuentan con registros municipales que les permiten incluir estas declaraciones. Esta obligación está incluida en la Ley del Suelo, que entró en vigor hace un año pero cuyo texto refundido ha aprobado hoy el Gobierno, y que, según Corredor, tiene como objetivo principal fomentar la transparencia y "evitar y detectar rápidamente" el fraude y la corrupción urbanística.

Sobre las recalificaciones
Sobre la normativa, Corredor ha destacado que recoge, entre otras medidas, que todas las recalificaciones de terrenos que supongan plusvalías deben identificar a los propietarios de los mismos durante los últimos cinco años, de tal forma que los ciudadanos sepan a quién benefician las decisiones de sus representantes.
En segundo lugar, la Ley del Suelo establece que los convenios urbanísticos, que hasta ahora eran "un instrumento opaco", sean sometidos al mismo trámite de información pública que el resto de las normas urbanísticas.
Además, "existe una prohibición expresa que dura dos años desde que el edil o responsable municipal deja su puesto hasta que puede volver a trabajar en algo de lo que haya legislado", ha subrayado Corredor, tras insistir en que la decisión del Gobierno en la lucha contra la corrupción urbanística es "decisiva y determinante, pero no es una novedad".

Responder citando